Presos políticos mapuches y cubanos: ¿igual trato? (Resumen)

Chemamulles, esculturas funerarias mapuches. Foto: Luiz Alves Jr.

Por: Ricardo Bustamante

Mientras la excarcelación de los presos políticos (o de conciencia) cubanos está presente desde hace meses en las portadas de la prensa mundial -y con justa razón-, otros disidentes políticos, ubicados mucho más al sur de nuestro continente, pasan inadvertidos a los ojos del orbe. Es el caso de los presos políticos del pueblo originario mapuche, y el conflicto que arrastra hace varios siglos con el Estado chileno, y se traduce en una férrea militarización en la zona que reclaman como territorios ancestrales y de los que históricamente han sido despojados.

A la loable y publicitada huelga de hambre que mantuvo el fallecido disidente cubano Orlando Zapata, la que finalmente le costó la vida tras 85 días, se sumó la del periodista opositor Guillermo “Coco” Fariñas que, tras 134 días sin comer ni beber líquido, vio finalizada su huelga luego del anuncio de excarcelación de 52 presos políticos por parte del Gobierno, ante la mediación de la Iglesia Católica y el canciller español Miguel Ángel Moratinos.

Este hecho, bienvenido por el mundo, se contrapone a la realidad que viven nada menos que 106 presos mapuches, según el último informe de la Comisión Ética Contra la Tortura (23 de junio), que también ha documentado el uso de la tortura en un número importante de las detenciones practicadas.

Una quinta parte de estos prisioneros inició el pasado 12 de julio una huelga de hambre líquida "hasta las últimas consecuencias", en cárceles de Concepción y Temuco. Exigen garantías ante la justicia como el fin del doble procesamiento por la Justicia Militar y Civil (como es el caso de 7 presos en El Manzano); el derecho a un proceso justo, sin utilización de testigos sin rostros, torturas o extorsión; la liberación de todos los presos políticos mapuches; la desmilitarización de las zonas indígenas reivindicadas y, por supuesto, el fin de la aplicación a los mapuches de la Ley Antiterrorista que implica la prohibición de acceso a la investigación para los abogados defensores, el uso de testigos con identidad protegida y prisión preventiva por hasta dos años para los acusados. 

Fuente: El Quinto Poder