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| Imagen tomada del blog Salud, comunicación y género |
Organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores se declaran en estado de alerta y movilización, porque mientras se legisla para mitigar los efectos del terremoto, el Gobierno está dando pasos para cumplir uno de los compromisos electorales del Presidente Piñera: la liberación de los transgénicos al mercado.
La estrategia oficial
El Senado se prepara para aprobar a espaldas de la ciudadanía un proyecto de ley denominado “Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) que implicará la contaminación genética de especies vegetales, pondrá en peligro la semilla nativa, pondrá en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las exportaciones de este sector, aumentará dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales agroquímicas y elevará el precio de los alimentos.
El gobierno se dispone a elaborar un reglamento de la nueva Ley de Medio Ambiente (Ley 20.417) negociada por la Concertación con la derecha actualmente en el gobierno, que asegura la liberación al mercado de los transgénicos, por la vía de declararlos libres de impacto ambiental o ingresarlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La experiencia de la ciudadanía respecto de la institucionalidad ambiental y la participación en los procesos de EIA indica claramente que así las transnacionales lograrán la liberación de los transgénicos.
Nuevo colonialismo
La urgencia por liberar sus semillas transgénicas al ambiente, tanto aquí como en América Latina se debe a que Europa ha cerrado las puertas a los cultivos transgénicos, aplicando políticas protectoras de la salud y el ambiente. El intento de liberar los cultivos transgénicos en Chile vía diversas “regulaciones” responde a los intereses y presiones de las corporaciones agrobiotecnológicas que no pueden utilizar el territorio de Europa para sus fines e inician así una nueva forma de colonialismo.
Los cultivos transgénicos son dañinos para la flora y fauna, el suelo y la salud humana. Hasta ahora ninguna empresa biotecnológica ha presentado estudios que comprueben la inocuidad de los transgénicos en la salud humana y animal. Por el contrario, cada vez se suman más estudios que demuestran que son una gran amenaza para la salud y el ambiente, lo que genera gran incertidumbre y medidas precautorias en todo el mundo. Pero las autoridades no atienden esas razones ni están interesadas en resguardar los cultivos orgánicos y tradicionales de los productores, no obstante su reconocida calidad a nivel internacional.
La amenaza inmediata
El proyecto de ley sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” que tras su nombre oculta la privatización de la semilla nativa, cumple en demasía las nefastas condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta iniciativa es un requisito previo para la firma de un convenio internacional llamado UPOV 91 sobre propiedad intelectual de plantas. Abre las puertas a la expropiación y a la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al posibilitar que haya derechos de propiedad intelectual sobre todas las especies vegetales, que podrán ser registradas por las compañías transnacionales por más de 25 años en el caso de árboles y vides, por ejemplo.
El registro que se abrirá con la nueva ley incluirá tanto las variedades nativas como las híbridas y transgénicas obtenidas a través de la biotecnología, resguardando los intereses de las empresas transnacionales exportadoras de semillas, entre ellas Monsanto y Syngenta junto a sus socios locales. Abusando de este tipo de leyes, Monsanto hoy está pidiendo en Estados Unidos patentar la carne de cerdo criado con alimento transgénico, como si la carne fuera un descubrimiento de su propiedad. Al asegurar en Chile esos derechos, se expandirá aún más el negocio de los transgénicos, hoy todavía limitado a la exportación de semillas. Eso afectará los cultivos orgánicos puesto que es imposible la coexistencia entre cultivos orgánicos y siembras de transgénicos.
La contaminación de los cultivos tradicionales a través de la polinización o por el transporte o los residuos es un grave problema que afecta a toda la comunidad nacional e internacional: cada año se presentan nuevos casos de contaminación genética por transgénicos. En el 2007 se presentaron 39 nuevos casos de contaminación en 23 países. Hasta ahora en Chile no hay ninguna regulación que obligue a la industria biotecnológica a informar los daños y las pérdidas financieras que causan los transgénicos.
La aprobación de esta ley despojaría a los campesinos de su derecho a disponer libremente de su cosecha. También habrá impactos negativos en la salud y el ambiente, ya que los cultivos transgénicos están asociados a un aumento en el uso de plaguicidas y a efectos en la salud de las personas y daños a la biodiversidad.
El requisito planteado por este proyecto a estas corporaciones es simplemente presentar un grupo de plantas relativamente homogéneas y que no estén registradas previamente. También deben ser “nuevas”, pero la ley considera nueva toda especie no registrada antes. Así pueden apropiarse de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas, donde especialmente las mujeres han guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones. Así se desconoce que en definitiva, las semillas son nuestro patrimonio como país.
Las amenazas que enfrenta Chile como resultado del menor crecimiento económico, la cesantía y otros efectos del terremoto nos comprometen a intensificar nuestros esfuerzos para contribuir a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y defender la salud y calidad de vida de todos los chilenos.
Por tanto, las organizaciones ambientalistas y de agricultura orgánica declaran:
1) Rechazamos el avance del establecimiento de todas las disposiciones jurídicas que impliquen en forma abierta o encubierta la autorización de la liberación total de siembra de cultivos transgénicos en el país.
2) Apoyamos una moratoria total a la liberación de los transgénicos en Chile y el establecimiento de etiquetado para los productos finales importados que son transgénicos.
3) Impulsamos el establecimiento de un sistema de biomonitoreo, y de medidas para revertir la contaminación transgénica provocada por los actuales semilleros de exportación.
4) Apoyamos las demandas de las organizaciones regionales de los agricultores orgánicos tendientes a lograr la promoción y apoyo efectivo de una agricultura orgánica o realizada sobre bases agroecológicas, sana y segura, libre de plaguicidas y transgénicos.
5) Exigimos la revisión de la situación de los altos funcionarios públicos que evidencien conflicto de interés en materia de bioseguridad de transgénicos, y su destitución al probarse esos vínculos.
6) Exigimos que se consideren fondos públicos para financiar investigación independiente sobre los efectos de los transgénicos en la salud de los consumidores.
Las semillas son la base de nuestra agricultura, del conocimiento y de la seguridad alimentaria, herencia de nuestros antepasados y derecho de las generaciones presentes y futuras. La vida no se patenta.
Fuente: http://www.elciudadano.cl/2010/05/05/congreso-chileno-tramita-privatizacion-de-semillas-y-liberacion-de-transgenicos/
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